Es difícil establecer unos criterios generales que permitan determinar la forma jurídica más adecuada en cada caso concreto. No obstante, sí se pueden citar algunos aspectos generales a tener en cuenta en el momento de efectuar la elección:

• Tipo de actividad a ejercer 
  
• Número de personas promotoras 
  
• Responsabilidad de las personas promotoras: La responsabilidad puede estar limitada al capital aportado (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, etc.) o ser ilimitada, afectando tanto al patrimonio mercantil como al civil (empresario/a individual, sociedad colectiva, etc.). 
  
• Necesidades económicas del proyecto: la dimensión económica del proyecto a desarrollar influye en la elección, teniendo en cuenta además, que para constituir determinadas sociedades se exige un capital mínimo. 
  
• Aspectos fiscales: Hay que tener en cuenta los resultados previstos en el ejercicio de la actividad empresarial, la contribución fiscal y los costes fiscales que la empresa habrá de soportar
  
  Las principales modalidades en las que pueden organizarse las empresas son:

•  Empresario/a Individual o Autónomo/a (Persona Física)
  
  
•  Sociedades no mercantiles
  
  
  •  Sociedades civiles
    
  •  Comunidad de Bienes 
    
     
• Sociedades Mercantiles (Persona Jurídica), que son aquellas asociaciones voluntarias de personas que, bajo una misma denominación o razón social, constituyen un fondo patrimonial común integrado por aportaciones de los/as socios/as que pueden ser Capital, Bienes o Industria.