El ciudadano tiene derecho a que se le informe gratuitamente del origen de los datos ya saber a qué otras personas o entidades, sean de derecho público o privado, han sido comunicados sus datos personales, completandose con el derecho a rectificar la información incorrecta o no actualizada, así como con el derecho a solicitar que se destruyan aquellos datos que sean inexactos o incompletos, o aquéllos que no cumplan el principio de adecuación con la finalidad para la que se recogieron.

Por otro lado, mediante el derecho de oposición y en las condiciones previstas en la Ley, el ciudadano puede solicitar que sus datos personales no sean incluidos en un determinado tratamiento.