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NOTAS SOBRE CONSUMO-ESTADO DE ALERTA II

Fuentes de la información:

  • Ministerio de Consumo.
  • Consumo responde. Junta de Andalucía.
  • Agencia Catalana de Consumo.

((El Real Decreto-ley 11/2020 aborda algunas medidas nuevas que afectan a las personas consumidoras y desarrolla otras anteriores (pagos realizados en academias, gimnasios, etc. o devoluciones en viajes combinados). En el caso de la moratoria de pago de alquileres es imposible resumir más la información por lo compleja y, a veces, farragosa))

  • Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
2) Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Aplicable:
  • A los contratos sujetos a la Ley 29/1994.
  • Que, dentro del periodo comprendido entre el 2 de abril hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma, finalice el periodo de prórroga obligatoria.
  • Previa solicitud del inquilino, que deberá ser aceptada por el arrendador.
  • Por un máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
3) Moratoria de deuda de alquileres para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19 en contratos suscritos al amparo de la Ley 29/1994.

La moratoria se aplicará de forma automática cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (esto es, un propietario persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2).

Se aplicará en el plazo de un mes desde el 2 de abril y el propietario puede elegir entre una reducción del 50% de la renta o una moratoria en el pago de la misma mientras dure la situación de vulnerabilidad del inquilino, con un máximo cuatro meses.

La moratoria se llevará a cabo mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años desde la finalización del estado de alarma o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

El inquilino no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas al arrendador sin intereses.

La definición de la situación de vulnerabilidad para estos casos y la forma de acreditarlo se establece en los arts. 5 y 6 del Real Decreto-ley 11/2020.

En los casos en que el propietario no sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, el inquilino puede solicitar la moratoria en los mismos plazos y forma. Si no hay acuerdo con el propietario podrá acceder a programas de ayuda.

4) Se establecerá un programa de ayudas en los alquileres de vivienda habitual para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19.
5) Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua.

Mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones.

Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago.

6) Suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de préstamos al consumo que estuviera vigente a la fecha de 2 de abril, cuando esté contratado por una persona física en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

La solicitud de la suspensión se podrá solicitar en el plazo de 1 mes después del fin de vigencia del estado de alarma. Concedida la suspensión por la entidad acreedora, esta tendrá una duración de 3 meses que podrían ser ampliables.

7) En gimnasios, academias, comedores escolares, etc. la empresa prestadora de servicios no podrá cobrar nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin implicar esta circunstancia la rescisión del contrato (salvo voluntad de ambas partes).

La empresa podrá ofrecer opciones de recuperación de los mismos a posteriori. Si la persona consumidora no pudiera o no aceptara tal recuperación se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por tal causa o, con aceptación de la persona afectada, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas por la prestación de los servicios.

8) Cuando un viaje combinado haya sido cancelado con motivo del Covid-19:

La empresa organizadora o la minorista podrá entregar a la persona consumidora un bono para ser utilizado durante un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas (por cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido). Pasado el periodo de validez del citado bono sin haberse utilizado, se podrá solicitar el reembolso completo del pago realizado.

Si la persona consumidora solicitara, de todas formas, la resolución del contrato, la empresa organizadora o minorista, deberá proceder al reembolso (que será total o parcial, dependiendo de las devoluciones que les hayan hecho las entidades proveedoras de los servicios del viaje combinado al organizador o minorista).

Los reembolsos serán efectuados en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que las entidades proveedoras de servicios hubieran procedido a su devolución.

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calendario 6 de abril de 2020
 
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